El Tribunal Constitucional ha dictado sentencia avalando el acceso a financiación pública para los centros con un modelo de educación diferenciada. La decisión se apoya en el ámbito de la libertad de la enseñanza, sin embargo, en el ámbito social y educativo se cuestiona si es el modelo educativo adecuado para fomentar un desarrollo integral de las personas y formar ciudadanas y ciudadanos plenos.
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